El expolio sigue en el coto minero de Mazarrón, pese a que está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Los nuevos daños en el patrimonio se han detectado en el cerro de San Cristóbal-Los Perules, a la entrada del pueblo por la carretera de Murcia, y afectan al pozo San Simón, en la mina Impensada, donde han arrancado la caseta de madera que albergaba la maquinaría y los cables de acero que sostienen las jaulas. También en el pozo San José los ladrones han causado destrozos para llevarse las vigas de madera. Y otro tanto ha ocurrido en la zona de los antiguas oficinas y laboratorios. Según las fuentes consultadas, los autores de estos daños son personas que van buscando materiales para su venta en el mercado negro.
La Consejería de Cultura ya ha iniciado una investigación para evaluar el alcance de los destrozos, y actuar en consecuencia. Desde el Ayuntamiento, admiten la dificultad para hacer frente a estos saqueos. «No podemos tener a una patrulla de la Policía Local vigilando las 24 horas del día», señala un portavoz. Para intentar frenar el deterioro en el sitio histórico (como así está catalogado por Cultura) de las minas, el Consistorio levantó montículos de tierra en los accesos con el fin de evitar la entrada de vehículos al coto y así complicar la tarea a los cacos a la hora de llevarse el botín. Pero la medida no parece suficiente.
El incremento de las cotizaciones que han experimentado algunos metales ha motivado que el saqueo se agrave. «Los daños son cada vez mayores porque incluso los ladrones revientan las paredes para extraer cualquier material que puedan vender», comenta un testigo.
Los robos en el patrimonio minero no han cesado desde que las explotaciones cerraron en la década de los sesenta del pasado siglo. El recinto minero de San Cristóbal-Los Perules está protegido por Cultura desde el año 2005, cuando se inició el expediente para su declaración como BIC. La ley de Patrimonio Histórico establece que son los dueños los responsables de su conservación. En Mazarrón, esta tarea se complica por el tiempo transcurrido desde que cesó la actividad y por el sistema de explotación, ya que las concesiones iban pasando de mano en mano a través de arrendamientos.
Eso sí, la ley recoge la posibilidad de expropiar los bienes protegidos en el caso de que los propietarios no cumplan con sus obligaciones. La normativa señala también que la Administración puede hacerse cargo, subsidiariamente, de las «medidas de depósito, restauración, rehabilitación, demolición u otras que resulten necesarias para garantizar su conservación e identidad».
