NO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
17 Septiembre 2009
Minas a cielo abierto en Valdemoro
Archivado en: INICIO — ADMINISTRADOR @ 12:16
Información recogida de la página web "EL PLURAL"
"Nos sentimos indefensos, la Administración no nos protege, al contrario", denuncian en Valdemoro
Una explotación minera opera ilegalmente ante la pasividad de la CAM
S.COLADO
Auque su licencia caducó el año pasado, el grupo Tolsa continúa ilegalmente con la explotación de una mina a cielo abierto en los municipios madrileños de Valdemoro y Torrejón de Velasco. Así lo han denunciado ante la consejería de Medio Ambiente y Territorio desde El Espartal-Ecologistas en Acción, donde lamentan la pasividad del Gobierno regional a pesar de la gravedad de los hechos: riesgos de toxicidad para los vecinos ante la proximidad al núcleo urbano de una mina sin control, así como la invasión por parte de la empresa de una zona de protección medioambiental especial. "Estamos ante un territorio sin ley", advierten desde el grupo denunciante, donde lamentan que "la Administración no nos protege, al contrario", así como que esa impunidad ha animando a otra empresa minera a actuar ilegalmente en la zona. Desde la consejería aseguran que están investigando los hechos, pero que la denuncia seguirá el cauce "habitual", lo que significa que se puede dilatar varios meses más la paralización de la mina "si procede".
Hace más de dos años la consejería de Mediambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid comunicó a la empresa Tolsa que había expirado el periodo de concesión de explotación de una mina en Valdemoro, tras 30 años de actividad. La compañía debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental si quería continuar con la explotación, pero no lo hicieron, por lo que expiró definitivamente su concesión.
Denuncia e informe en manos de la consejería
La asociación El Espartal-Ecologistas en Acción denunció ante la consejería esta irregularidad, ya que la compañía minera no sólo seguía actuando sin la Evaluación de Impacto Ambiental a pesar de los riesgos (manejo de minerales peligrosos como la sepiolita, nubes de polvo potencialmente peligroso para los vecinos a 500 metros de Valdemoro y operarios trabajando irregularmente al carecer de amparo legal). Además, se habría adentrado en un espacio de protección de aves donde están expresamente prohibidas estas explotaciones. A raíz de la denuncia, puesta en junio de este año, un inspector de la Comunidad de Madrid acudió a la zona y elevó un informe que se encuentra en poder de Disciplina Ambiental.
"Nos sentimos indefensos"
A pesar de los meses transcurridos desde la denuncia y el informe, la asociación ecologista lamenta que no se hayan tomado todavía medidas y que la consejería se resiste a informarles del avance del proceso, y es que exigen la paralización inmediata de las actividades ya que si transcurren varios meses más el daño ya puede ser irreparable en la zona. "Nos sentimos indefensos, la Administración no nos protege, al contrario", denuncia José María Rodríguez, miembro de El Espartal-Ecologistas en Acción. Cree que el Gobierno regional "no tendrá más remedio que actuar" ante la ilegalidad de la mina, pero advierte de que "se está frenando el proceso" y en este lapso la empresa aprovecha para explotar "a todo prisa" la mina. Mientras, desde el grupo Tolsa reconocen que su licencia expiró, pero niegan que sigan trabajando en la zona, al menos en la extracción de mineral. La manipulación y transporte del material extraido sin la necesaria licencia también es ilegal en cualquier caso.
Procedimiento "habitual"
En el Ejecutivo regional no son completamente ajenos al caso, y es que la consejera de Educación, Lucía Figar, es hija de uno de los ex propietarios de Tolsa y durante años hombre fuerte de la compañía, Arturo Figar Velasco. Desde la consejería de Educación aclaran que esos lazos ya no existen porque Arturo Figar vendió su participación en 2003. La compañía minera sigue participada por los Larrea, uno de los principales socios de la familia Fígar, por ejemplo en la construcción, como en su día publicó El Confidencial. Mientras, desde la consejería de Medio Ambiente aseguraron a El Plural que están siguiendo el procedimiento "habitual" en estos casos, confirman que han realizado inspecciones y aseguran que si las diligencias previas conducen a la apertura de un expediente, este podría estar cerrado en tres meses, eludiendo así la reclamación ecologista de un cierre cautelar al menos por el momento hasta que haya un dictamen final. Un portavoz de la consejería niega que se oculte información y considera que debe quedar "poco" para que concluyan las diligencias, y es que aseguran que el asunto preocupa pero en la misma medida que otras denuncias que puedan llegar a la consejería.
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